Sistema de sucesión legal en el Derecho común

Supuestos de sucesión legal

El artículo 913 CC previene, después de que el artículo 912 CC establezca en qué supuestos tiene lugar esta sucesión determinada legalmente, el diseño básico de cómo tendrá lugar ésta:

Artículo 913 CC

«A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado».

Desarrollando este precepto de forma resumida, la sucesión tiene lugar conforme al siguiente orden:

1) Los hijos del causante (o sus descendientes por derecho de representación).

2) Los ascendientes.

3) El cónyuge viudo.

4) Los colaterales, hasta el cuarto grado.

5) El Estado.

La sucesión de los hijos y descendientes

El artículo 930 CC dispone que
«La sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente».

El artículo 931 CC especifica que

«Los hijos y descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación».

En la sucesión legal de los hijos o descendientes han de tenerse en cuenta una serie de extremos –partiendo de que los hijos son los llamados en primer lugar, que–, ponen en funcionamiento algunos mecanismos sucesorios que ya conocemos (módulo «El Derecho de Familia. El parentesco. Los alimentos»):

1) En primer lugar, cuando son varios los hijos llamados a suceder y uno de ellos premuere al causante o resulta incapaz de sucederle o es desheredado, se llama a sus descendientes por derecho de representación (art. 929 CC).

2) En segundo lugar, cuando el hijo muere con posterioridad al causante y no ha aceptado o repudiado la herencia, opera el ius transmissionis, esto es, la posibilidad de que sus herederos se pronuncien al respecto (cfr. art. 1006 CC).

3) En tercer lugar, opera limitadamente el derecho de acrecer, de acuerdo con lo previsto, de forma general, en el artículo 922 CC:

«Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y alguno o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar».

De forma resumida, la sucesión legal de los hijos y descendientes opera conforme a las siguientes reglas:

1) Si existen descendientes, no son llamados los ascendientes (art. 930 CC).

2) Si concurren los descendientes con el cónyuge viudo, este conserva su cuota

legal usufructuaria (cfr. arts. 834 y 837-2 CC).
3) Los hijos del causante, que le heredan por derecho propio, dividirán la herencia por cabezas, es decir, en partes iguales (arts. 932 y 934 CC).

4) Los nietos y demás descendientes de un hijo, cuando concurren con otros hijos, heredan por derecho de representación, por estirpes, dividiendo la cuota que les corresponde en partes iguales si son varios (arts. 926 y 934 CC).

5) Los descendientes heredan, en ausencia de hijos, por derecho de representación, dividiéndose la herencia por estirpes y en cada una de éstas por cabezas o partes iguales (art. 933 CC).

La sucesión de los ascendientes

El artículo 935 CC dispone que
«A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus ascendientes».

Por tanto, el llamamiento a los ascendientes (progenitores, abuelos, etc.) tiene carácter subsidiario y sólo se hará efectivo en caso de inexistencia de descendientes (hijos, nietos, etc.).

El CC recoge de forma escueta y clara las reglas por las que ha de regirse la sucesión en la línea recta ascendente (arts. 935 a 942 CC):

1) El padre y la madre, caso de existir los dos heredan por partes iguales, por cabezas, (art. 936 CC).

2) Si sólo sobrevive uno de los padres, sucede al hijo en toda su herencia (art. 937 CC). En la sucesión de los ascendientes no hay derecho de representación, excluyendo el grado más próximo al más remoto.

3) A falta de padre y madre, sucederán los parientes más próximos en grado (art. 938 CC).

4) Si hubiere sólo uno, hereda todo; si hubiere varios de igual grado, pertenecientes a la misma línea (por ejemplo, padre y madre), dividirán la herencia por partes iguales (art. 939 CC).

5) Si sobreviven ascendientes de líneas diferentes pero de igual grado (por ejemplo, los abuelos paternos y la abuela materna), la mitad corresponde a los ascendientes paternos y la otra a los maternos. En cada línea la división se hará por cabezas (arts. 940 y 941 CC).

El artículo 942 CC supone una llamada de atención: en la sucesión legal de los ascendientes (así como en la sucesión testamentaria) habrá de tenerse en cuenta la posible existencia de la reserva lineal y de la reversión de donaciones, reguladas en los artículos 811 y 812 CC respectivamente.

En el primero de éstos, se establece para el ascendiente la obligación de reservar bienes que pudiera heredar con ciertas características (bienes heredados de su descendiente «que éste hubiese adquirido por título lucrativo, de un ascendiente o de un hermano»), en favor de determinados parientes (dentro del tercer grado y pertenecientes a la línea de donde los bienes proceden).

En el segundo de los preceptos, se regula la llamada reversión de donaciones, consistente en que los ascendientes suceden, con exclusión de otras personas, en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posterioridad. Lo que reciben de este modo no se computa en la cuota que les corresponde por sucesión legal.

La sucesión del cónyuge viudo

El artículo 944 CC dispone que

«En defecto de ascendientes y descendientes y antes que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente».

El régimen de la sucesión legal del cónyuge viudo sería el siguiente:

1) El cónyuge superviviente sucede con preferencia a cualquier pariente colateral (un hermano o un sobrino del causante, por ejemplo).

2) Si no existen parientes en línea recta, descendente o ascendente, debe recibir la herencia entera y en propiedad (en esto último se manifiesta la diferencia con la cuota usufructuaria que le corresponde como legitimario).

3) No tendrá lugar el llamamiento del cónyuge, si se encuentra separado legalmente o de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente (art. 945 CC). Obviamente, tampoco tendrá lugar el llamamiento cuando el matrimonio haya sido declarado nulo o haya quedado disuelto mediante divorcio.

4) Como ya se ha señalado, si el cónyuge viudo concurre a la herencia con los hijos y descendientes o con los ascendientes del causante tiene derecho a la legítima (arts. 834 y 837 CC).

La sucesión de los colaterales

Para que hereden legalmente los parientes colaterales, se exige que no existan descendientes, ascendientes y cónyuge viudo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 943 y 944 CC.

El CC establece en el cuarto grado el límite hasta el que llegan estos parientes colaterales del causante que pueden heredar (art. 954 CC). En este ámbito quedan comprendidos en la regulación del CC diversos supuestos: hermanos, tanto de doble vínculo (es decir, de padre y de madre) como de vínculo sencillo (de padre o de madre, lo que se conoce como hermanastros), hijos de hermanos (sobrinos), hijos de medio hermanos (sobrinos de hermanastros) y el resto de los colaterales hasta el cuarto grado.

Las reglas por las que se rige la sucesión de los colaterales son las siguientes:

1) Los hermanos y los hijos de hermanos (sobrinos) suceden con preferencia a los demás colaterales (art. 947 CC).

2) Cuando concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos de doble vínculo, el caudal hereditario se reparte del siguiente modo: los primeros heredan por cabezas y los segundos por estirpes, en virtud del derecho de representación (art. 948 CC).

3) Si concurren sólo hermanos de padre y madre con medio hermanos (hermanastros), los primeros tomarán doble porción que éstos de la herencia (art. 949 CC).

4) Si los únicos llamados son hermanastros (medio hermanos), ya sean unos por parte de madre y otros por parte de padre, heredaran todos por partes iguales (art. 950 CC).

5) A falta de hermanos, los sobrinos heredan por cabezas. Debe distinguirse que sean sobrinos de hermanos y sobrinos de hermanastros, ya que los primeros reciben el doble que estos. Es evidente que si concurren solos, los sobrinos de hermanos o los sobrinos de hermanastros, heredan por partes iguales.

6) No existiendo cónyuge viudo, ni hermanos ni hijos de hermanos –ni por supuesto descendientes ni ascendientes–, suceden al difunto los demás parientes hasta el cuarto grado. La sucesión de estos colaterales se verificará sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón de vínculo (arts. 954 y 955 CC).

La sucesión del Estado

La inexistencia de todos los sucesores mencionados hasta ahora es el presupuesto para que se produzca la sucesión a favor del Estado.

Artículo 956 CC

«A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes secciones, heredará el Estado.

Obviamente, el establecimiento de esta sucesión legal del Estado soluciona el problema del destino de la herencia de quien fallece sin hacer testamento y sin parientes.

Su previsión en el Código civil (arts. 956 a 958 CC) responde a una cierta tradición histórica, que tiene su precedente inmediato en la llamada Ley de Mostrencos o de adquisiciones a nombre del Estado de 1835. Su regulación originaria en el CC era bastante elemental y fue modificada por el Real Decreto Ley de 13 de enero de 1928. Estos preceptos han sido reformados y actualizados recientemente por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

El régimen del llamamiento como sucesor del Estado es bastante escueto en el CC:

1) El Estado, tras realizar la liquidación del caudal hereditario «ingresará la cantidad resultante en el Tesoro público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación»; a lo que se añade que «Dos terceras partes del valor de este caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado» (artículo 956 CC).

2) El artículo 957 CC declara que los derechos y obligaciones del Estado como heredero son los mismos que los de cualquiera de éstos, si bien la herencia se entenderá siempre aceptada a beneficio de inventario a los efectos que enumera el artículo 1023 CC, sin necesidad de declaración alguna sobre ello.

3) Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes hereditarios, habrá de preceder su declaración administrativa de heredero (art. 958 CC).

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Tipos de participación de la herencia

La partición realizada por el propio testador

El artículo 1056 CC otorga al testador la facultad de realizar la partición, determinando de qué forma se materializa la cuota abstracta de cada heredero, o en otras palabras, llevando a cabo la distribución de su patrimonio en lotes y evitando en consecuencia que llegue a nacer la comunidad hereditaria.

En función de lo dicho, no habrá partición testamentaria propiamente dicha en los siguientes casos:

  • Cuando el testador se limite a otorgar un determinado bien a un sucesor, pues en tal caso estaremos ante un simple legado, institución en cosa cierta o mejora de cosa determinada.
  • Cuando el testador simplemente proporcione normas particionales o criterios generales con los que desea que se lleve a cabo la futura partición.
  • Artículo 1056 CC
    «Cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos».
  • De acuerdo con lo establecido en el artículo 1056 CC, han de llevarse a cabo las siguientes consideraciones:
    a) La partición debe ser llevada a cabo por el «testador», entre sus herederos testamentarios, y, mediante testamento (acto «de última voluntad»).
    b) El legislador prevé igualmente la posibilidad de realizarla «por actos entre vivos». ¿Cómo debe interpretarse esta alusión?
    En principio, cabría pensar en la posibilidad de una partición contractual (a través de una donación, por ejemplo) realizada por el causante con el consentimiento de los coherederos (art. 1271.2 CC). Sin embargo, no debe olvidarse que la partición es un acto mortis causa, en cuanto pretende regular las relaciones jurídicas posteriores a la muerte del causante, y por ello es esencialmente revocable, característica que la aleja del contrato sucesorio propiamente dicho (la donation partage del Derecho francés).

Por ello, la mayoría de la doctrina entiende que la alusión a los «actos entre vivos» ha de ser interpretada como una dispensa de la forma solemne testamentaria, en virtud de la cual puede realizarse la partición mediante una declaración de voluntad sin formalidades especiales, como un documento privado (Clemente Meoro).

c) El testador únicamente puede llevar a cabo la partición de «sus bienes», por lo que le queda vetada la posibilidad de partir los bienes gananciales que componen la sociedad conyugal.

Ahora bien, es posible que los cónyuges realicen la liquidación de la sociedad de gananciales inter vivos, y posteriormente hagan las adjudicaciones mortis causa que estimen convenientes, eso sí, en testamentos separados, pues el testamento mancomunado está prohibido ex artículo 669 CC.

d) La partición será válida siempre y cuando «no perjudique a la legítima de los herederos forzosos».

Finalmente, hay que tener en cuenta que la partición realizada por el testador goza de dos singularidades importantes:

• Por un lado, el testador no está vinculado a la regla de la homogeneidad de los lotes (art. 1061 CC).

• Por otro lado, no está sometida a la obligación de evicción y saneamiento (art. 1070.1° CC).

La partición realizada por el contador-partidor

Establece el artículo 1057.1 CC que «el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos».

Como puede verse, el Código civil faculta al testador para designar a una persona (distinta de los coherederos) a la que vendrá encomendada la tarea de contar y partir la herencia conforme a la voluntad del causante. A esta persona se le conoce con el nombre de contador-partidor.

Antes de pasar a exponer los elementos característicos del cargo de contador-partidor, ha de aclararse que el Código civil no contempla el régimen jurídico de tal figura de forma expresa, por lo que hemos de acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha acabado moldeando de manera casuística los perfiles de esta institución.

1) Notas características del cargo

a) El cargo es personalísimo e indelegable (RDGRN 15 julio 1943), lo que no impide al contador-partidor valerse de auxiliares y colaboradores encargados fundamentalmente de realizar operaciones de índole técnico (SSTS 20 septiembre 1999 y 25 febrero 2000).

Por otro lado, la partición realizada por contador-partidor tiene carácter unilateral, en cuanto no precisa el concurso de ninguna otra voluntad.

b) El cargo es voluntario, aplicándose a su aceptación y renuncia las normas del albaceazgo (arts. 899 a 900 CC) habida cuenta de la similitud existente entre ambos cargos.

c) Es un cargo temporal, aplicándose las reglas que determinan el plazo para cumplir con el cargo de albacea (arts. 904 a 906 CC).

En consecuencia, si no realiza la partición en plazo (un año prorrogable en las condiciones recogidas por el CC) responde de los daños y perjuicios causados, además de perder lo que voluntariamente le hubiere dejado el testador.

Por otro lado, la partición realizada fuera de plazo es nula ante la reclamación de cualquiera de los coherederos.

d) El cargo es gratuito (art. 908 CC, en sede de albaceazgo), aunque el testador pueda señalar a su favor la remuneración que considere conveniente, siempre que, según la jurisprudencia, el contador partidor haya sido nombrado no sólo

por la confianza que inspira en el testador, sino por su pericia, fundada en un título profesional o en su práctica, por constituir su ocupación habitual (SSTS 24 febrero 1905, 14 enero 1913 y 23 mayo 1958).

El contador no tendrá derecho a reclamar sus honorarios si la partición hubiere sido declarada nula por su manifiesta temeridad y mala fe en el ejercicio de sus funciones (STS 29 mayo 1965).

Por otro lado, el contador tiene derecho a cobrar por los trabajos de partición u otros facultativos (vid., art. 908 CC).

2) Nombramiento y requisitos

El nombramiento del contador debe realizarlo el testador, que puede designar a una sola persona o a varias, las cuales actuarán de forma mancomunada o solidaria (no presumiéndose la solidaridad).

Según el artículo 1057 CC, el nombramiento puede hacerse por actos mortis causa, esto es, mediante un acto que revista las formalidades testamentarias, o por actos inter vivos, a través de cualquier documento (no tiene por qué ser público) separado que guarde relación con el testamento.

En cualquier caso, sea cual sea la forma empleada, el nombramiento es esencialmente revocable, habida cuenta de su naturaleza de acto mortis causa.

Para ser contador basta con gozar de plena capacidad para obligarse (art. 893 CC), por lo que un menor de edad no podrá serlo. No obstante, a ciertas personas les está completamente vetada la posibilidad de asumir tales funciones:

  • El cargo es completamente incompatible con la condición de heredero, pues en tal caso la imparcialidad y objetividad estarían en peligro. Sí podría ser contador el heredero en caso de renuncia a la herencia.
  • Idéntica razón impide que el legatario de parte alícuota sea nombrado contador (en contra, RDGRN 30 junio 1956).
  • Finalmente, tampoco puede ser contador-partidor el cónyuge viudo, en cuanto es un legatario ex lege de una cuota usufructuaria.

Por último, el artículo 139 del Reglamento notarial permite que el notario autorizante del testamento sea nombrado contador-partidor (STS 24 mayo 1954).

3) Funciones y facultades

Ya hemos visto cómo el articulo 1057 CC «faculta» al contador para hacer la partición, llevando a cabo las distintas operaciones particionales que ya han sido estudiadas.

Evidentemente, en el desempeño de su labor el contador habrá de tener en cuenta en todo momento la voluntad del testador ordenada en su acto de última voluntad, por lo que está autorizado para interpretar el testamento (STS 31 marzo 1970), subsanando o corrigiendo –si fuera necesario– los defectos u omisiones del testador (SSTS 11 febrero 1952 y 24 febrero 1958).

En cualquier caso, la partición realizada sin respetar la voluntad del testador puede ser declarada nula a instancia de cualquier interesado (SSTS 15 julio 1988 y 5 diciembre 2008).

El contador puede llevar a cabo muy distintas tareas:

  • Liquidar la sociedad de gananciales del testador con el cónyuge viudo(SS- TS 17 abril 1943 y 25 febrero 2000); es discutible si también deben participar los herederos del fallecido);
  • Entregar legados y reducirlos cuando su valor exceda de la parte disponible (RDGRN 14 abril 1969).
  • Determinar el carácter colacionable de las donaciones(RDGRN9marzo 1927).
  • Establecer qué bienes tienen la condición de reservables.
  • Fijar el importe de las legítimas.
    No obstante, una serie de límites condicionan su actividad:
    a) Al contrario que el testador (art. 1056 CC), está obligado, siempre que sea posible, a garantizar la igualdad de los lotes, entregando a cada heredero cosas de la misma naturaleza, especie o calidad (art. 1061 CC).
    Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho con la división, puede adjudicarla por entero a uno de los coherederos, salvo que alguno pida la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños.

b) Debe respetar en todo caso la intangibilidad cualitativa de la legítima, lo que significa que la adjudicación a un heredero de todos los bienes de la herencia y el pago en metálico al resto ha de estar expresamente autorizado por el testador, requiriendo la partición confirmación judicial salvo aprobación expresa de los legitimarios (arts. 841 y 843 CC).

c) No puede decidir por sí solo llevar a cabo adjudicaciones en pago, requiriéndose el consentimiento de los herederos en cuanto que no constituye un acto particional propiamente dicho, sino un acto dispositivo.

Por el contrario, las adjudicaciones para pago de deudas hereditarias sí puede realizarlas siempre y cuando se hagan a favor de un heredero, por ser acto particional (Clemente Meoro).

d) Si entre los coherederos hay alguno sometido a patria potestad, tutela o curatela por prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas, el contador deberá inventariar los bienes de la herencia con citación de los representantes legales o curadores de dichas personas (art. 1057.III CC, modificado por la LO 1/1996, de 15 de enero).

e) Finalmente, el contador-partidor está sometido a la obligación de rendir cuentas (ex art. 907 CC).

Aunque la partición no está sometida a ningún requisito formal especial, las funciones del contador-partidor suelen terminar con el otorgamiento de la escritura particional (STS 25 enero 1971).

Por ello, no parece posible que el contador pueda complementar o rectificar unilateralmente la partición (SSTS 14 febrero 1952 y 29 abril 1994), salvo que tuviera expresa autorización de los coherederos o no se hubieran dado por ultimadas las operaciones particionales (STS 3 enero 1962 y 19 junio 1997).

La partición realizada por los coherederos

El artículo 1058 CC faculta a los coherederos para «distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente».

Así pues, nos encontramos ante un acto particional de naturaleza claramente contractual (STS 3 febrero 1999), en cuanto que parte de la existencia de un acuerdo de voluntades entre los herederos constitutivo de un contrato, cuyas reglas serán aplicables para resolver las cuestiones de capacidad y consentimiento (STS 9 abril 1990).

Los herederos están facultados para partir la herencia del modo que tengan por conveniente, prescindiendo de las disposiciones del testamento y creando una situación jurídica de plena y absoluta eficacia, en defecto de personas que puedan válidamente atacarla (SSTS 25 febrero 1966, 20 octubre 1992 y 3 febrero 1998).

Además, no están obligados a observar una forma determinada, pues a la partición le resulta plenamente aplicable el principio espiritualista, por lo que puede realizarse mediante documento privado o incluso de manera verbal (STS 4 diciembre 1965).

Requisitos

Para que los coherederos puedan realizar la partición es necesario que concurran los siguientes requisitos recogidos en el artículo 1058 CC:

1) Ante todo, deben darse alternativamente cualquiera de las siguientes situaciones de hecho:

  • Que el testador no haya realizado la partición por sí mismo.
  • Que no le haya encomendado a otro la facultad de partir.

   • O, finalmente, que aún habiendo nombrado a un contador-partidor, éste no hubiere realizado la partición en tiempo y forma (STS 19 febrero 1962).

2) Es necesario que los herederos hayan decidido practicar la partición por acuerdo unánime de todos ellos (nemine discrepante). Así pues, hace falta que los coherederos actúen de común acuerdo, siendo improcedente la práctica de la partición en caso de discrepancia.

Existe una excepción legal al principio de unanimidad: cuando un heredero haya sido preterido existiendo buena fe por parte de los demás, ya que en tal caso la partición no es rescindible aún habiendo sido realizada sin el consentimiento de uno de los legitimarios (art. 1080 CC). Evidentemente, en tal caso el preterido tiene derecho a que se le otorgue en bienes hereditarios su parte proporcional.

Por el contrario, si la preterición hubiese sido producto de la mala fe o dolo por parte de los demás interesados, será rescindible (debe tenerse en cuenta que estamos hablando de la preterición en la partición, ya que si se trata de una preterición testamentaria de un heredero forzoso es aplicable lo dispuesto en el art. 814 CC).

3) Los herederos han de ser mayores de edad y tener la libre administración de sus bienes. Aunque la claridad de los términos no parezca plantear ninguna duda, es necesario aclarar algunas cuestiones:

a) Los menores de edad e incapacitados, por razón de sus circunstancias personales, no pueden intervenir por sí mismos, sino mediante representante que tutele sus derechos e intereses en la distribución y reparto de los bienes hereditarios.

b) Si fuere designado un defensor judicial para representar a un menor o incapacitado en la partición, deberá obtener la aprobación del juez, si el secretario judicial –que es quien lo designa, tras la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria– no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento (art. 1060.II CC).

c) No resulta claro si los menores de edad emancipados pueden concurrir por sí mismos a la partición. No obstante, el hecho de que el emancipado sea considerado como un mayor de edad ex art. 322 CC, unido a que el acto particional no está incluido en el elenco de excepciones del artículo 323 CC, así como a la circunstancia de que la partición no es un auténtico acto traslativo del dominio, nos inclinan a pensar que puede concurrir sin necesidad de complementar su capacidad.

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Principio general

Según el artículo 744 CC, «Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados por la ley». Los supuestos de incapacitación (absoluta) para suceder que se establecen a continuación en el artículo 745 CC –y que se analizarán inmediatamente– permiten concluir que, como principio general, cualquiera goza de capacidad sucesoria.

La amplitud con que la ley establece la capacidad sucesoria se concreta en que los requisitos exigibles al sucesor son mínimos: prácticamente, que tenga personalidad y que pueda ser identificado (cfr. art. 750 CC), ya que ha de serle deferida la herencia o el legado, en su caso.

Las incapacidades absolutas

El artículo 745 CC delimita esa amplitud con la que se concibe en nuestro sistema sucesorio quién puede ser sucesor. Lo que establece no es, desde luego, un elenco muy numeroso, ya que se reduce a «Las criaturas abortivas, entendiéndose como tales las que no reúnan las circunstancias expresadas en el artículo 30», y a «Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley». En ambos supuestos quizá no sea muy correcto hablar de incapaces absolutos, ya que más que ante sujetos incapaces nos encontramos ante realidades o entes carentes de personalidad. Es ésta, sin embargo, la terminología usada de forma generalizada por nuestra doctrina, probablemente para diferenciarlas de las incapacidades relativas.

El listado de incapaces para suceder del artículo 745 CC obliga a considerar algunos supuestos fronterizos, con relación a los cuales pueden existir dudas sobre si poseen o no, capacidad para suceder. Así, con relación a las criaturas abortivas se plantea si son capaces de suceder los concebidos pero no nacidos (nascituri o concepturi) y los aún no concebidos (nondum concepti). Respecto de la mención genérica a las asociaciones o corporaciones no permitidas por ley, también se plantean algunos supuestos dudosos de asociaciones o fundaciones como posibles sucesoras. Veamos estos supuestos con un poco más de detalle.

a) El nasciturus como sucesor

Se trata de un supuesto perfectamente admitido. La previsión del artículo 29 CC en el sentido de que al concebido pero no nacido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, permite considerarle como sucesor. Se tratará, desde luego, de un llamamiento condicionado a que reúna los requisitos que en el artículo 30 CC se exigen para ser persona.

b) El nondum conceptus como sucesor

La posibilidad de que sean llamados a la herencia los que ni siquiera han sido concebidos (nondum concepti) ha sido muy debatida en la doctrina, con opositores muy convencidos, si bien ha recibido un claro respaldo jurisprudencial.

Razones, en una lectura muy estricta y formalista de algunos preceptos del CC, no faltan para negar esta posibilidad. El artículo 29 CC es claro en el sentido de que la personalidad existe a partir del nacimiento, algo que sólo se excepciona para el nasciturus como acabamos de ver, que no deja de tener cierta existencia (materialmente hablando). A este precepto debe unirse, ya en sede sucesoria, el artículo 758 CC, que presupone la existencia del sucesor, heredero o legatario, para calificar su capacidad.

No obstante, los argumentos doctrinales y jurisprudenciales a favor de que el no concebido pueda ser sucesor tampoco carecen de solidez. Para sus partidarios, en este supuesto existiría un llamamiento de carácter condicional, siéndole de aplicación los artículos 801 a 804 CC, en los que se confía al resto de herederos instituidos sin condición la administración de los bienes de la herencia.

c) Las fundaciones testamentarias como sucesoras

Una práctica muy habitual –en determinadas sucesiones, no quiere decir que sea algo muy extendido– es la previsión de la constitución de una fundación en un testamento y que ésta figure en dicho testamento entre los llamados a la herencia. El problema que suscita este supuesto es la inexistencia de la persona –en este caso, jurídica–, llamada como sucesor en el momento de la apertura de la sucesión.

Esta posibilidad había sido admitida por la doctrina y la jurisprudencia, valiéndose de argumentos un tanto forzados como considerar que la fundación así constituida nace en el mismo momento de la apertura de la sucesión. El argumento más difundido entre la doctrina (aplicable también a asociaciones y sociedades) sería la aplicación por analogía a este supuesto de las normas que protegen los derechos del concebido pero no nacido, algo que equivaldría a otorgar al llamamiento a la sucesión de una fundación un carácter condicional. Sea como fuere, siempre se ha sobreentendido la admisibilidad de este supuesto, lo que se habría visto confirmado en la nueva regulación de las fundaciones de carácter estatal. Tanto la Ley de Fundaciones de 1994 como la que la que la deroga, la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, proporcionan argumentos, muy generales desde luego, pero suficientes para sostener esta posibilidad.

d) Las asociaciones en fase de constitución como sucesoras

La existencia (jurídica) de las asociaciones no depende de su inscripción en el registro correspondiente, sino que basta para ello la manifestación formal de la voluntad de los promotores de la asociación constituyéndola (art. 5 Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación). Desde ese instante, existe la asociación y puede ser por tanto sucesora. Obviamente, una asociación constituida pero no inscrita no goza de las ventajas que proporciona su inclusión

en el registro de asociaciones, como puede ser la prueba misma de su existencia –lo que en el caso de la sucesión mortis causa, respecto de sus posibilidades reales de llegar a ser sucesora, puede llegar a ser determinante.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, no se ocupa expresamente de la asociación en fase de constitución (con independencia de la referencia a la asociación no inscrita en el art. 10. 4). No se advierte nada, como es previsible, sobre la posibilidad de que una asociación en dicha fase pueda ser sucesora, como heredera o legataria. No hay nada, debe deducirse, que lo impida.

Las incapacidades relativas

El CC prevé una serie de prohibiciones de suceder por medio de testamento que afectan a sujetos que, por su relación o vinculación con el testador, han podido influir en la elaboración y sentido de las disposiciones contenidas en ese testamento. Es opinión generalmente aceptada que el propósito del CC ha sido no dejar abierta la posible impugnación de testamentos donde pueda sospecharse que ha existido una captación de la voluntad del causante.

En concreto, resultan ineficaces las disposiciones testamentarias adoptadas en favor de los siguientes sujetos, concurriendo las circunstancias que se describen para cada uno de los supuestos:
a) Los ministros religiosos. Artículo 752 CC: «No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto».
b) Los tutores o curadores. Artículo 753 CC: «Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor o curador del testador, salvo cuando se haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso de que no tuviese que rendir cuentas, después de la extinción de la tutela o curatela. Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador».

c) Los notarios y testigos. Artículo 754 CC: «El testador no podrá disponer del todo o parte de su herencia a favor del notario que autorice su testamento, o del cónyuge, parientes o afines del mismo dentro del cuarto grado con la excepción establecida en el artículo 682. Esta prohibición será aplicable a los testigos del testamento abierto, otorgado con o sin notario. Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos especiales».

d) La persona interpuesta. Artículo 755 CC: «Será nula la disposición testamentaria a favor de un incapaz, aunque se la disfrace bajo la forma de contrato oneroso o se haga a nombre de persona interpuesta».

Indignidad para suceder

Inmediatamente después de las incapacidades relativas (o prohibiciones de disposiciones testamentarias en favor de determinados sujetos), el CC regula la indignidad para suceder. Ésta, tal y como se concibe en el CC, supone una auténtica eliminación como sucesores de aquellos que tendencialmente tendrían derecho a heredar al causante, pero que cometen contra éste un acto de especial gravedad.

El artículo 756 CC establece el listado de indignos:

«Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

1.o El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes..

2.o El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.

Asimismo, el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.

También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.

3.o El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado por denuncia falsa.

4.o El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando esta no hubiera procedido ya de oficio.

Cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley, no hay la obligación de acusar.

5.o El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

6o. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

7.o Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código civil».

La indignidad se concibe como un subtipo de ineficacia relativa. De ella y de su regulación en el CC interesa destacar algunos extremos:

a) En primer lugar, la indignidad para suceder –a diferencia de las incapacidades relativas– no afecta sólo a la sucesión testamentaria, sino a cualquier tipo de sucesión (legítima, testada o intestada). Expresamente, el artículo 914 CC establece que «Lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable igualmente a la sucesión intestada».

b) En segundo lugar, la indignidad tiene carácter relativo, en el sentido de que el indigno lo es respecto de un causante y nada impide que pueda heredar a otros.

c) En tercer lugar, existe la posibilidad de rehabilitar al indigno. El causante puede perdonar al indigno, tácita o expresamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 757 CC: «Las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador las conocía al tiempo de hacer testamento, o si, habiéndolas sabido después, las remitiere en documento público».

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¿Qué es la herencia?

El objeto o contenido del fenómeno sucesorio puede denominarse de diversas maneras no exentas de connotaciones equívocas. Así, puede conocérsele como herencia, como patrimonio hereditario o incluso como caudal hereditario. Sea como fuere, el término más adecuado y que asume más significados, por su amplitud, es el de herencia.

El objeto o contenido de la sucesión, en general, sería aquello que se transmite por el causante y que se recibe por el sucesor o sucesores (heredero o herederos y, en su caso, legatario o legatarios).

El artículo 659 CC describe la herencia sin precisar mucho más, señalando que ésta «comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte». A pesar de su escasez y de que resulta incompetente para ofrecer una visión acabada y exacta del caudal relicto o hereditario, no debe despreciarse, aunque sólo sea por su brevedad y por el hecho de que no comete ninguna imprecisión. Si algo debe tenerse en cuenta –y es un dato que nos suministra el artículo 659 CC– es que el patrimonio del causante y el caudal relicto o hereditario no pueden coincidir, ya que hay bienes, derechos y obligaciones del causante que se extinguen con su muerte o, lo que es lo mismo, que resultan intransmisibles. Ambos serán similares pero no absolutamente coincidentes.

Lo importante es determinar qué forma parte de la herencia y qué no. De manera esquemática debe señalarse:

1) Integran la herencia los bienes y derechos que no se extinguen como consecuencia de la muerte del causante. Existen, como se sabe, relaciones jurídico-patrimoniales vitalicias que siguen al causante y que no son objeto de sucesión, bien porque lo prevea su regulación, bien porque así se haya pactado.

2) No se transmiten a los sucesores las facultades de carácter personalísimo, especialmente las de naturaleza extrapatrimonial. De este modo, deben quedar excluidas de la herencia las funciones o cargos familiares (como la patria potestad) o los derechos inherentes al sujeto (como los derechos fundamentales).

3) Existen, no obstante, algunas facultades personalísimas que son transmisibles. Para ello, es necesario que el legislador lo declare expresamente.

4) Tampoco forman parte de la herencia todos aquellos derechos y facultades que se obtienen, por parte de terceros, como consecuencia del fallecimiento del sujeto. Estos derechos y facultades pueden no formar parte estrictamente del patrimonio del fallecido, aunque sí ser titular de los mismos. Se trataría de las llamadas sucesiones especiales o excepcionales, que tienen lugar respecto de los títulos nobiliarios o la subrogación mortis causa en los arrendamientos, rústicos o urbanos.

5) Integran también la herencia, como puede extraerse del artículo 659 CC, las deudas del causante (cfr. art. 1003 CC). Debe precisarse, sin embargo, que el causante carece de facultades de disposición sobre ellas. Su inclusión en la masa hereditaria es independiente de la voluntad del causante. La razón de dicha integración en la herencia hay que cifrarla en el mismo fundamento de la sucesión mortis causa, que permite que las deudas no se extingan a la muerte del causante. En obsequio a la seguridad jurídica debe ser así, ya que no se podría admitir que los derechos de crédito, las expectativas de los acreedores, quedasen al albur de la supervivencia o no del deudor.

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La sucesión mortis causa

El fenómeno sucesorio

Frente a la muerte de las personas, el Derecho recupera su capacidad organizativa, las normas jurídicas aparecen como lo que son: reglas de composición social y evitación o finalización de conflictos. La pregunta que tenemos que formularnos es qué sucedería si no existiesen estas normas que en el seno del Derecho civil se ocupan de organizar básicamente el destino del patrimonio del sujeto que fallece. Nos referimos obviamente al Derecho de sucesiones.

La muerte de la persona desencadena una serie de efectos. Junto con la extinción de la personalidad, sin duda el principal de dichos efectos, aparece el denominado fenómeno sucesorio. Efectivamente, la muerte implica el inicio de un proceso por medio del cual los bienes, los derechos y las obligaciones del fallecido se transmiten a otras personas, que adquieren de este modo la condición de sucesores (sucesores por causa de muerte o sucesores mortis causa).

La importancia de la sucesión mortis causa queda demostrada en el hecho de que pueda calificarse, sin perder su caracterización de fenómeno eminentemente jurídico, como algo natural y sobre todo como algo necesario. Un sistema jurídico que reconoce a los individuos esferas de poder para la defensa de sus intereses y que le permite ejercitarlos sobre cosas materiales o estableciendo en torno a ellos relaciones con otros sujetos, debe contemplar inevitable y naturalmente la sucesión mortis causa. La muerte del sujeto no puede suponer una incógnita sobre qué sucede con todos aquellos derechos y deberes, en suma, con las relaciones jurídicas protagonizadas por éste. Cabría la solución drástica de atribuir al Estado todas estas relaciones y poderes del sujeto fallecido, algo que por injusto y poco operativo ni siquiera fue contemplado en los países socialistas, aceptándose en cambio, de forma generalizada en los países occidentales, una sucesión mortis causa organizada por el propio difunto, con más o menos libertad, y en la que los llamados a sucederle serán generalmente sus propios familiares.

Tipos o clases de sucesión

Con carácter previo, habría que diferenciar la sucesión mortis causa de la sucesión inter vivos. El fenómeno sucesorio consistente en que un sujeto se coloque o adquiera la posición jurídica de otro, no se debe sólo a la muerte de este último: el traspaso de la posición jurídica de una persona a otra puede acaecer entre personas vivientes (inter vivos) o bien ocupando otra el lugar que una deja al morir (mortis causa). Tanto una como otra pueden ser sucesión universal o sucesión particular, si bien la primera es menos probable que suceda inter vivos.

El fenómeno sucesorio mortis causa no tiene por qué producirse de un único modo. En la determinación de cómo debe ser la sucesión, lo señalábamos anteriormente, la voluntad del propio causante es fundamental (sin que ello signifique, hay que adelantarlo ya, que sea absolutamente libre para decidir quiénes deben ser sus sucesores y en qué cuantía). Esa intervención de la voluntad del causante debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las clases o tipos de sucesión.

Para diferenciar las clases de sucesión pueden adoptarse diversos criterios. Los más usuales son dos: el origen de la sucesión, en concreto que exista testamento o no, y el objeto o contenido de la sucesión.


1) Según el primero de los criterios, se diferencian la sucesión testamentaria y la intestada, así como la denominada sucesión contractual.

a) En la sucesión testamentaria (también denominada voluntaria), el sucesor o los sucesores son designados por voluntad de la persona manifestada mediante testamento.

El presupuesto de esta sucesión testamentaria hay que localizarlo en la autonomía de la voluntad, en la facultad para disponer de los propios derechos y bienes, que existe tanto inter vivos como mortis causa. El testamento se convierte de este modo en el vehículo para manifestar esta voluntad, constituyendo su contenido (determinado por el causante) la auténtica ley de sucesión (caput et fundamentum totius testamentum).

b) En la sucesión legal (también llamada intestada o abintestato), que opera en defecto de testamento, la designación del sucesor o sucesores y la distribución de los bienes, derechos u obligaciones del fallecido viene determinada por ley.

Tiene un marcado carácter supletorio, con respecto a la sucesión testamentaria, ya que implica que el causante no ha usado de testamento o que éste deviene ineficaz. En este caso, los sucesores del difunto se establecen ex lege.

En este punto conviene aclarar a qué se alude exactamente cuando se habla de sucesión legítima. Puede incurrirse en el error –propiciado por el propio CC: cfr. artículo 658, párrafo segundo– de identificar sucesión intestada o legal con la sucesión legitimaria. Los llamados sucesores legitimarios o forzosos (cfr. arts. 806 y 807 CC) vienen establecidos por ley, con carácter imperativo, y suponen una limitación para la libertad de testar del causante. La ley reserva una porción de bienes a éstos, otorgándoles el llamado derecho a la legítima, lo que opera como una limitación a la libertad de testar del causante. Pero estas legítimas existen tanto cuando hay testamento, es decir, cuando se da la sucesión testamentaria, como cuando no, en cuyo caso tiene lugar la sucesión abintestato. Esta presencia de los legitimarios en ambos tipos de sucesión demuestra su importancia nuclear para nuestro sistema sucesorio, superando incluso a la libertad de testar.

c) La sucesión contractual es la que se articula a través de los llamados pactos sucesorios, por medio de los cuales el causante puede organizar, de acuerdo con otros, generalmente familiares próximos, su futura sucesión. Se trata, no obstante, de una posibilidad excluida de nuestro sistema sucesorio en el artículo 1271, párrafo segundo CC, que prevé expresamente que «Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 1056»

2) De acuerdo con el segundo de los criterios mencionados, hay que diferenciar en la sucesión mortis causa, la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. Se trata de una distinción que se da en la sucesión testamentaria, es decir, es el causante quien decide si el sucesor lo hace a título universal o a título particular.

Básicamente consisten:

a) La sucesión a título universal, aquélla en la cual el sucesor, denominado heredero, recibe la totalidad de la herencia o una parte de ésta, en el supuesto de que concurra con otros herederos.

b) La sucesión a título particular, aquélla en que un sujeto, llamado legatario, recibe un bien o un derecho determinado, del patrimonio del causante.

Las diferencias entre ambos tipos de sucesión, predeterminados por el legislador, son varias. En primer lugar, el heredero universal asume no sólo las titularidades activas del causante, sino también las pasivas, las deudas, mientras que el legatario o sucesor a título particular no se hace cargo de éstas. En segundo lugar, los herederos adquieren automáticamente (ipso iure) la posesión civilísima de los bienes hereditarios (cfr. art. 440, primer párrafo CC: «La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia»), frente a los legatarios, que deberán, en su caso, solicitarla de los herederos. En tercer lugar, el heredero, para adquirir tal condición, ha de aceptar la herencia (cfr. art. 988 y sig. CC), mientras que el legado se adquiere inmediatamente.

Los sujetos del fenómeno sucesorio

El número de sujetos intervinientes en el fenómeno sucesorio puede ser amplio. En una percepción bastante popular, podría pensarse que éstos se reducen al sucedido y al sucesor. Éstos serían –adoptando una visión teatral– los protagonistas del drama sucesorio. Pero también pueden actuar varios actores secundarios, aunque con distinto grado de importancia. Así, por ejemplo, podrían considerarse como sujetos sucesorios secundarios aquellas personas que intervienen de forma determinante en algunas clases de testamento (notario, oficial del ejercito, comandante de buque, etc.) o, más claramente, el albacea testamentario, cuyas funciones, si no se determinan especialmente por el testador, consistirán básicamente en vigilar la ejecución de lo ordenado en el testamento (cfr. arts. 892 a 911 CC). Tampoco puede negarse la condición de actor en el fenómeno sucesorio al contador-partidor, cuya presencia no siempre se da pero que concurriendo es fundamental para una de las fases del proceso (cfr. art. 1057 CC).

Pero nuestro interés ahora debe centrarse exclusivamente en los que podemos calificar como sujetos básicos y esenciales:

  • El causante (o de cuius, de quien proceden los bienes), aquél del cual tiene lugar la sucesión (es la persona que fallece) y que siempre es necesario para la existencia de la sucesión. Puede afirmarse con rotundidad –y un tanto inocentemente, por lo evidente de la afirmación– que no hay sucesión sin causante.
  • Los sucesores o causahabientes que son aquellos que reciben algo del causante. Éstos, a su vez, pueden ser sucesores a título universal, o herederos (que son los que reciben del causante la herencia o parte de ésta), o bien sucesores a título particular o legatarios (que son los que reciben del causante un legado, es decir, algo concreto del patrimonio del fallecido).

El artículo 660 CC dispone: «Llámese heredero al que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular»

 

Los sujetos de la sucesión merecen una consideración más detenida:

1) El causante

La condición de causante, como acaba de señalarse, aquel que es sucedido, se adquiere como consecuencia de la muerte del sujeto. La sucesión es, literalmente, por causa o motivo de su propia muerte (sucesión mortis causa). En esa percepción más o menos acusada –pero innegablemente cierta– del Derecho en general como componedor o evitador de conflictos o problemas, el causante sería el que los ocasiona en este caso.

a) El requisito sine qua non para adquirir la condición de causante es la muerte. Ésta, como sabemos por nuestros estudios de Derecho de la persona, supone la extinción de la personalidad como efecto principal. El artículo 32 CC es categórico, en el sentido de que «La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas». A diferencia de lo que sucede con el nacimiento, el CC español no se preocupa de establecer qué muerte o cuándo ha de considerarse muerta una persona a los efectos de la extinción de la personalidad y de la apertura de la sucesión. Y podría haberlo hecho, ya que sí determina qué nacimiento es el que produce la adquisición de la personalidad. El artículo 30 CC, como es de sobras conocido, establece que «la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno». Hay que acudir fuera del CC para saber cuándo una persona ha fallecido: en concreto, el artículo 5 de la pionera Ley 30/1979, de 27 de octubre, de Extracción y Trasplante de Órganos, establece como momento de la muerte de la persona el de la muerte cerebral.

b) También puede adquirirse la condición de causante por otro motivo como es la declaración de fallecimiento. Ésta se regula en el título VIII del libro I del CC, en los artículos 193 a 197, y supone la declaración judicial de que un sujeto ha muerto, por el tiempo transcurrido desde su desaparición o por las circunstancias en que ha tenido lugar ésta. La presunción iuris tantum de que el sujeto está fallecido supone, como establece expresamente el art. 196 CC, la apertura de su sucesión: «Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente».

2) El heredero

Se trata del sucesor mortis causa a título universal. Pueden ser, respecto del causante, uno o varios. Para que se entienda mejor, en esta primera aproximación al fenómeno sucesorio, el heredero es llamado a suceder al causante respecto de su patrimonio, entendido éste como el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. El legatario, en cambio, como ya hemos adelantado, sucede también al causante, si bien lo hace en un bien o un derecho concretos del patrimonio de éste.

Artículo 661 CC: «Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones».

Las características básicas del heredero serían las siguientes:

a) En primer lugar, ocupa un lugar central de nuestro sistema sucesorio. La figura del heredero es una de las claves de arco de la sucesión mortis causa tal y como se diseña en el CC español. De ello, de la ubicación del heredero en el centro del sistema, es buena prueba el artículo 912 CC cuando determina los supuestos en los que tiene lugar la llamada sucesión intestada (es decir, sin testamento). Además del supuesto previsible –que la sucesión intestada o legítima tenga lugar «Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez»–, se prevé este tipo de sucesión para supuestos en los que, aun existiendo testamento, éste no contiene institución de heredero, en todo o en parte de los bienes (art. 912, 2.° CC), o «Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho acrecer» (art. 912, 3.° CC), o cuando, finalmente, «el heredero instituido es incapaz de suceder» (art. 912, 4.° CC).

b) En segundo lugar, ser heredero significa suceder in bonus et in ius al causante. Esta expresión normalmente se ha identificado con la idea de que el heredero continúa la personalidad del causante, percepción que debe, no obstante, rechazarse. La muerte supone la extinción de la personalidad, lo que no queda contradicho porque alguien asuma la titularidad de aquellas relaciones jurídicas que no se extinguen con su muerte.

c) En tercer lugar, el heredero adquiere los derechos y obligaciones del causante de una manera global, sin recurrir a los mecanismos habituales de transmisión de los derechos y deudas. Esta peculiaridad del título de heredero se pone de manifiesto en otras circunstancias, como por ejemplo en la llamada posesión civilísima (art. 440 CC), que permite considerar poseedor al heredero sin que concurra ningún elemento de aprehensión material, en el que pueda fundarse la posesión.

d) En cuarto lugar, el heredero es siempre heredero (semel heres, semper heres), es decir, la posición de heredero se caracteriza por su intransmisibilidad. Ello no impide la posibilidad de que el heredero pueda vender la herencia, considerada como una unidad, lo que no supone ni la pérdida de su cualidad como tal, ni la exoneración de su responsabilidad respecto de las deudas y cargas de la herencia (arts. 1531 y 1534 CC).

e) Por último, en quinto lugar, el heredero debe tener capacidad para suceder. La sucesión requiere que el que recibe del causante reúna una serie de requisitos, algunos de los cuales pueden considerarse en sentido negativo (no incurrir en ningún tipo de incapacidad). Su importancia para el heredero y, por añadidura, para la sucesión justifican un tratamiento singular y diferenciado (en consonancia con el que le dedica el propio CC, básicamente arts. 744 a 762, que configuran la sección primera «De la capacidad para suceder por testamento y sin él», del capítulo II «De la Herencia»).

3) El legatario

Por contraposición al heredero, y como se ha señalado, el legatario es el sucesor a título particular. Dicho de otro modo, el legatario es el beneficiario de un legado. Como señala Albaladejo, el legado «es una disposición mortis causa por la que el testador deja en concreto alguno (o algunos) de sus bienes o derechos a una persona, que lo recibe a título singular, es decir, sucediendo al difunto en él en particular, y no tomándolo, como hace el heredero, porque ocupe en general el puesto del causante (lo que no ocurre al legatario)».

El estudio específico del legado que se realiza más adelante permitirá completar con más detalle esta consideración del sucesor a título particular o legatario. No obstante, conviene adelantar algunos de sus rasgos definitorios como sucesor mortis causa:

a) En primer lugar, la institución de un legatario sólo puede tener lugar mediante testamento. Se trata de un acto voluntario del testador, no existiendo legados en la sucesión intestada ni en la sucesión forzosa o legítima.

b) En segundo lugar, el legado debe tener un contenido necesariamente patrimonial. No pueden considerarse legados aquellos consejos, recomendaciones o expresiones de afecto que suelen aparecer en tantos testamentos. Este contenido patrimonial del legado puede concretarse de dos modos: bien determinando el testador que un derecho o bien concreto de su patrimonio pase al legatario, o bien que, con cargo al caudal relicto, se proporcione algo al legatario. En este supuesto se discute que el legatario suceda al difunto.

c) En tercer lugar, el legatario es beneficiario de una liberalidad. No existe para el testador ninguna obligación de concederlo, sino que lo hace gratuitamente. Puede existir, no obstante, la excepción de que el legatario reciba aquello que tenía derecho a recibir, supuesto en el que existe un legado sin liberalidad (se trataría del llamado legado de deuda, cfr. art. 873 CC).

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Tipos de Testamentos

Los testamentos son aquellos documentos en los que expresamos nuestras últimas voluntades. En ellos indicamos quienes serán los herederos de nuestros bienes y derechos una vez producido nuestro fallecimiento, y en qué proporción. Estos además, pueden contener otras disposiciones como por ejemplo el reconocimiento de hijos, la designación de tutores e incluso albaceas testamentarios, normalmente van a ser otorgados ante Notario.

En este sentido, la redacción de un testamento puede evitarle a nuestros seres queridos complicaciones y gastos innecesarios una vez que ya no estemos.

Dicho esto, ¿qué tipos de testamento podemos otorgar?

TESTAMENTO ABIERTO

El testamento abierto es el más utilizado, siendo además el más recomendable. Se otorga ante Notario, siendo éste quien deberá encargarse de su redacción en virtud de las instrucciones dadas por el testador, además de expresar claramente el lugar, año, mes, día y hora del otorgamiento.

¿Por qué decimos que se trata del testamento más recomendable?

Porque contaremos, en primera instancia, con el asesoramiento tanto técnico como jurídico de nuestros abogados, y posteriormente del notario, evitando así caer en posibles situaciones de invalidez.
El testamento será guardado en la notaría, favoreciendo así su conservación, y por consiguiente evitando su deterioro o pérdida.
Es el único que puede ser otorgado por aquellas personas que no saben o pueden, leer o escribir.
A la hora de prepararlo, es el más simple, siendo también el más fácil de aplicar una vez fallecido el testador.
El coste que supone suele ser bastante razonable.

En definitiva, una vez que hayamos consultado con nuestros abogados, tendremos que acudir al Notario con nuestro DNI (o pasaporte en el caso de ser ciudadano extranjero) y explicar cómo deseamos transmitir nuestro patrimonio, siendo además necesario aportar las escrituras en el caso de los bienes inmuebles.

Por último, y una vez aportada toda la documentación, el Notario redactará nuestro testamento acomodándolo a las formalidades legales, el cual tendremos que firmar expresando así nuestra conformidad.

TESTAMENTO CERRADO

En el caso de optar por el testamento cerrado, tendremos que acudir a la notaría y tras identificarnos, entregar al Notario en un sobre cerrado nuestras últimas voluntades.

Además, tendremos que indicarle si el testamento está escrito de nuestro puño y letra o con medios mecánicos.
Posteriormente, el Notario levantará acta de la entrega, la cual leerá, para seguidamente ser firmada por nosotros y él mismo.

Ni que decir tiene, que en este tipo de testamentos el Notario desconoce por completo el contenido del documento, manteniendo así el carácter secreto de nuestras últimas voluntades, pero gozando a su vez de las ventajas de los testamentos abiertos.

TESTAMENTO OLÓGRAFO

El testamento ológrafo debe estar escrito en su totalidad de nuestro puño y letra, ir firmado por nosotros e incluir la fecha (día, mes y año) de su redacción. Además, deberá escribirse en papel y con bolígrafo con la letra y firma habituales, y no poseer tachaduras ni escritos entre renglones.

En este sentido, no serán considerados como válidos aquellos testamentos que se hayan escrito a máquina o con ordenador, así como tampoco aquellos que hayan sido redactados por otra persona distinta de nosotros.

En cuanto a las ventajas que nos ofrecen este tipo de testamentos está el hecho de que preservan como ninguno nuestra libertad a la hora de testar, así como el secreto de nuestras últimas voluntades, destacando además por su simplicidad y comodidad.

Sin embargo, trae aparejados varios inconvenientes, como por ejemplo el riesgo de extravío, o la posibilidad de ser objeto de falsificación. Además, este tipo de testamentos complica enormemente las gestiones de nuestros herederos, incrementando al mismo tiempo los gastos que se derivan de los mismos, ya que resulta del todo necesario elaborar informes periciales, que a la postre van a resultar indispensables para poder elevarlos a la categoría de escritura pública.

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Tipos de herencias

Herencias Testamentarias

Este tipo de herencias tienen lugar en aquellos supuestos en los que la persona fallecida ha dejado plasmadas sus últimas voluntades en un testamento, cuyo resultado será la división y adjudicación de la herencia.

Las herencias testamentarias pueden realizarse bien a través de acuerdo entre los herederos, o bien mediante la firma del albacea o contador-partidor.

En primer lugar, se debe constatar si existe designación de albacea o contador-partidor, entendiendo como tal, aquella persona encargada de ejecutar lo dispuesto por el testador, designada a tal efecto por el mismo.

En caso de inexistencia de albacea o contador-partidor, recaerá sobre los herederos la facultad de ejecutar la herencia.

Sin embargo, en el caso de que exista, los herederos necesitarán estar unánimemente de acuerdo con la partición de la herencia, puesto que a falta de acuerdo unánime se deberá solicitar la división judicial de la herencia. Lo mismo sucederá a falta de firma del albacea o contador-partidor.

En este sentido, cualquier heredero se encuentra facultado para reclamar judicialmente la división de la herencia salvo que ésta deba efectuarse por un albacea o contador-partidor designado por el testador.

Por último, ¿qué sucederá si el causante fuese titular de cuentas bancarias o valores mobiliarios? ¿qué tendrán los herederos que hacer para poder disponer de dichas cuentas o valores?

Presentar un certificado de defunción para acreditar el fallecimiento del titular
Demostrar su condición de herederos mediante copia autorizada del testamento y certificado de últimas voluntades
Acreditar que se ha pagado o al menos presentado el Impuesto de Sucesiones
Establecer bien en escritura pública o bien en documento privado (en cuyo caso las firmas deberán ser reconocidas por el banco) la partición de los bienes y derechos entre los herederos.

Herencias Intestadas

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, o éste ha sido declarado nulo, nos encontramos ante una sucesión intestada. En estos casos será la ley la encargada de prever la designación de los herederos del fallecido y de determinar en que proporción heredarán estos.

En este sentido, heredarán, por orden de prioridad, primero los descendientes (hijos) en partes iguales, a falta de hijos y otros descendientes (nietos) lo harán sus ascendientes (padre y madre) a partes iguales. Si no hubiese descendientes ni ascendientes, heredará el cónyuge viudo.

Ante la inexistencia de los antes citados serán llamados a heredar sus parientes más cercanos en grado colateral, es decir, los hermanos del fallecido. Si algún hermano con derecho a heredar hubiese muerto antes que el causante, sus hijos ocuparan su lugar, heredando en partes iguales. Podrán así heredar en la sucesión no testamentaria los parientes en línea colateral hasta el cuarto grado.

Por último, para que el heredero pueda tomar posesión de la porción de herencia que la ley le asigna, precisa obtener la previa declaración de su condición de heredero, conocida como Declaración de Heredero Ab Intestato, la cual, dependiendo del grado de parentesco o tipo de heredero será Notarial o Judicial.

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Declaración de herederos

En primer lugar, es necesario distinguir entre los herederos forzosos y los demás herederos, ya que de dicha distinción dependerá el procedimiento a seguir.

En este sentido, los herederos forzosos o legales son aquellos que la ley designa como herederos tras la muerte del causante, estos son en orden de prioridad: sus descendientes, ascendientes y cónyuge viudo.

Por su parte, los herederos legales para obtener la declaración de la condición de herederos ab intestato, que tendrá lugar cuando no exista testamento, deberán acudir a un Notario y preparar el Acta de Notoriedad que éste deberá firmar, siempre y cuando se encuentre habilitado para actuar en el lugar del último domicilio del causante. Además, deberán practicarse ante él, las pruebas documental y testifical requeridas.

¿Qué documentación deberemos presentar ante el Notario?

DNI del fallecido
Certificado de Defunción
Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad
Libro de familia
2 testigos que conozcan a la familia pero que no sean familiares

En cuanto al resto de herederos, es decir, parientes hasta el cuarto grado en línea colateral, deberán obtener la declaración de herederos ab intestato, mediante decisión judicial, justificando debidamente su parentesco con el fallecido. Además, tendrán que adjuntar el certificado de defunción y la certificación del Registro General de Actos de Última Voluntad.

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Cómo tramitar una herencia en Mallorca

Somos abogados especialistas, le tramitamos su herencia en Mallorca

En cuanto a los trámites a seguir, debemos tener en cuenta dos factores fundamentales:

  1. Si el fallecido ha dejado o no testamento.
  2. El grado de parentesco que tenemos con el mismo.

Por consiguiente, ¿qué pasos tendremos que seguir en el caso de resultar herederos?

En primer lugar, debemos solicitar el Certificado Literal de Defunción ante el Registro Civil, ante lo cual, nosotros siempre recomendamos solicitar más de uno.

En el caso de no conocer de la existencia de testamento tendremos que solicitar un Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, registro de carácter administrativo, en el cual constan todos los testamentos hechos por una persona a lo largo de su vida.

Si resulta que el causante sí que hizo en su día un testamento nos encontraremos ante una herencia testamentaria, de manera que los bienes y derechos se van a transmitir del modo en que el fallecido hubiese dispuesto en dicho testamento. Esto será así, siempre que se respete la legítima, que no es sino la proporción de la herencia que la ley reconoce a los herederos legitimarios o forzosos. Además, habrá que solicitar también un Certificado del Registro de Seguros con cobertura de Fallecimiento, a fin de conocer si el causante había contratado alguna póliza de seguro de vida.

En cuanto a los bienes y derechos del causante, para poder disponer de ellos, deberemos como herederos testamentarios solicitar una copia autorizada del testamento, siendo el único testamento válido, en el caso de existir varios, el de fecha más reciente. Dicha copia se pide en la notaría en la que se otorgó el testamento para lo cual debemos acompañar la solicitud con los certificados de defunción y el del Registro General de Actos de última Voluntad.

Asimismo, en el testamento constará quienes son los herederos y en que proporciones, siendo nuestra obligación constatar si existe designación de albacea o contador-partidor.

Volviendo al punto de la obtención del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, si de la misma se desprende que el fallecido no había hecho testamento, estaremos ante una herencia intestada o ab intestato, en cuyo caso será necesario que un Notario o Juez declare quienes son los herederos.

En este sentido, la declaración corresponderá al Notario cuando el fallecido haya dejado cónyuge viudo, descendientes o ascendientes; correspondiendo sin embargo al Juez en caso contrario.

Llegados aquí, resulta necesario realizar un inventario, tras lo cual, habrá que acometer la redacción del cuaderno particional, que es el documento en el que se recogen los datos de los herederos designados, así como las adjudicaciones de sus bienes, derechos, deudas. Asimismo, se trata de un documento de cuya compleja redacción puede encargarse nuestro equipo de abogados.

Dicho esto, conviene destacar que aunque no son obligatorias ni la escritura ni la inscripción en el Registro de la Propiedad, sí que será necesaria la escritura ante Notario si queremos que las adjudicaciones se inscriban en el citado registro.

Y muchas veces nos preguntamos, ¿puede hacerse en Documento Privado? Y la respuesta es sí. Podrá hacerse:

  • Por parte de aquellos herederos a los que no les interese llevar a cabo la partición de bienes.
  • Por el heredero único.
  • O en aquellos supuestos en los que la herencia se componga únicamente de dinero, acciones o bienes muebles.

Bastará, en estos casos, con legitimar la firma del documento ante Notario, documento que variará en función de las circunstancias, y de cuya redacción se encargarán nuestros abogados.

Por otro lado, una vez hecha la adjudicación de su parte a cada heredero deberá pagarse el Impuesto de Sucesiones, y abonar la Plusvalía correspondiente.

Por último, una vez liquidado el Impuesto de Sucesiones, y abonada la Plusvalía, ya podremos como herederos tomar posesión de lo que nos corresponde:

En el caso de los Bienes Inmuebles: Resulta recomendable inscribirlos en el Registro de la Propiedad, debiendo inscribir también todos los derechos y participaciones que recaigan sobre dichos bienes.
En el caso de dinero, valores y seguros: Se debe acudir con el cuaderno particional a los bancos, y a las entidades aseguradoras a efectos de solicitar la entrega de lo que corresponda, acreditado a su vez el pago de los impuestos a dichas entidades.
En el caso de vehículos: Deberá hacerse la transferencia ante la Dirección General de tráfico.

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El pacto sucesorio en Mallorca

¿Conocemos realmente lo qué es el pacto sucesorio de Mallorca y cuáles son sus ventajas?

Pues es lo que vamos a intentar resolver en este post de forma sencilla y amena.

En la isla de Mallorca existe un pacto sucesorio llamado “definición” (del latín, deffinitio) regulado en el artículo 50 de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, dentro de su Libro Primero dedicado a las disposiciones aplicables a la isla de Mallorca, que dice así:

“Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados, pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día, pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren recibido con anterioridad.”

Este precepto indica que los descendientes, legitimarios y emancipados pueden renunciar, en vida del causante de vecindad civil mallorquina, a los derechos sucesorios que les pueden corresponder como legitimarios o a todos los derechos sucesorios, a cambio de una donación. Por lo tanto, estamos ante un anticipo de la herencia que se realiza en vida del causante.

El pacto sucesorio de la definición no es una modalidad única en España sino que podemos encontrarnos con otros, de similar naturaleza a éste, como el finiquito pitiuso o la apartación gallega.

¿Qué tiene de especial la definición? Pues ésta tiene una gran ventaja fiscal respecto de las donaciones comunes, donde la segunda, según el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), tributa hasta un máximo del 7%, mientras que la primera lo hace, en condiciones generales, al 1%. Pero no todo acaba aquí, sino que el problema surgía en relación al IRPF en relación a la ganancia patrimonial; de este modo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de febrero de 2.016 y más tarde el Tribunal Económico Administrativo Central fallaron, en una cuestión relativa a la apartación gallega, que ésta se trataba de un negocio jurídico por causa de muerte, lo que viene a suponer que según el artículo 33.3 b) de la ley del IRPF, no se debe tributar el incremento de patrimonio derivado de la apartación, caso altamente extrapolable y análogo a la definición mallorquina.

En definitiva, el atractivo de esta figura jurídica radica en los bajos tipos de gravamen del ISD, la no tributación por el incremento patrimonial derivado del IRPF y en el adelanto de la legítima o de la totalidad de lo que le correspondería al sujeto por los derechos hereditarios del causante.

¿Tienes dudas y quieres contactar con un abogado especialista en herencias en Palma de Mallorca?

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